Como un niño el 5 de enero, el Consejo de Abogados puso el zapatito en la ventana. Si el Rey mago del poder feudal le otorga dinero a la justicia riojana: "salen de la crisis", asi de facil.
¿División de poderes? ..
¿Investigar la corrupción?.
¿Seguridad jurídica para el ciudadano de a pie?.
Para qué. Si con la "asignación presupuestaria se sale de la crisis".
A 33 años de democracia , los artífices de la justicia riojana que durante tres décadas, silenciosos observaron los mas abyectos abusos de poder, sienten que deben decir algo ante lo que el ciudadano común considera una vergonzosa complicidad, y lo dicen. Lea.
SE DEBE INCREMENTAR URGENTE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA QUE LA JUSTICIA SALGA DE LA CRISIS
El presente pronunciamiento es fruto del análisis y reflexión efectuada en dos reuniones ampliadas del Directorio del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja, realizadas el 15 y 22 de junio del corriente año, con la concurrencia de numerosos abogados del foro y demás profesionales relacionados con la administración de justicia.-
El mismo está dirigido a exponer la profunda crisis que atraviesa el Sistema Judicial de la Provincia, con la finalidad de salvaguardar, restablecer, afianzar y garantizar la Justicia como un bien irrenunciable de todos los Riojanos.
Actualmente la Provincia de La Rioja mantiene una estructura judicial y un sistema procesal, establecidos cuando la cantidad de habitantes no superaba las cien mil personas, sin que esta situación se haya modificado, pese a que la expansión demográfica trajo una multiplicación de la cantidad de litigios y la complejidad de los mismos, los que han crecido de una manera tal que ha colmado la capacidad de los tribunales, generando como consecuencia la dificultad o imposibilidad de los ciudadanos para obtener Justicia en debido tiempo, generando por consiguiente un perjuicio irrecuperable al justiciable y a la sociedad toda.-
Ello ha llevado a que el sistema judicial provincial se caracterice por la lentitud de los procesos, con jueces recargados de tareas, abogados muchas veces resignados ante la situación y ciudadanos privados de recibir el beneficio de una buena administración de justicia. A ello se agrega la desidia de los organismos gubernamentales encargados de dar una solución al problema, lo cual consideramos una degradación institucional que debe ser revertida de manera urgente.-
El resultado de esto es un sistema judicial provincial sumergido en una mora incompatible con la manda constitucional de afianzar la justicia, lo que implica que el Estado no cumple acabadamente con esta función primordial.
Como fruto de la reflexión efectuada coincidimos que nos encontramos ante un problema que demanda una solución urgente, por encontrarse comprometidos derechos de singular importancia.
Entre ellos podemos citar la dificultad en el acceso a la justicia, entendida no solo como la posibilidad de efectuar un reclamo o demanda, sino fundamentalmente de obtener una repuesta que dirima los conflictos en un tiempo razonable.
Otra cuestión de importancia está referida a restaurar la seguridad jurídica, que constituye un valor indispensable para la construcción de una sociedad democrática y garantizar la paz social.
También señalamos como una de las causas preponderantes en esta crisis institucional, la inequitativa composición del Consejo de la Magistratura que prioriza desmesuradamente los integrantes políticos frente a los actores directos y componentes académicos del organismo, teniendo en cuenta que los abogados contamos solamente con un representante y el sector académico no está representado, por decisión del mismo órgano. Con el agravante que dicho Consejo -conforme lo establece la Constitución- tiene además, la obligación de controlar el buen funcionamiento de la justicia y evitar dentro de sus funciones que la misma caiga en mora.-
Ante tal situación, este órgano colegiado entiende que debe efectuarse una enmienda constitucional para modificar la integración del Consejo de la Magistratura, con el fin de lograr la equidad necesaria para la sociedad.-
Otro problema lo constituye la inadecuada o inexistente capacitación de todos los integrantes de la función judicial, motivada en el acceso sin concurso del personal judicial y la inexistencia de una política de capacitación sistemática tanto de empleados como de funcionarios y magistrados. Es paradigmático el caso de las Cámaras Únicas donde los jueces no pueden especializarse ente la variada problemática judicial que deben afrontar día a día.-
No podemos pasar por alto las graves dificultades que tienen los sectores de menores ingresos para acceder al sistema judicial y a la defensa de sus derechos. En este orden, el encarecimiento de las tasas judiciales dificulta –en algunos casos de manera decisiva- que la ciudadanía pueda acogerse a un remedio judicial que resguarde la defensa de sus intereses. Asimismo, los justiciables de menores ingresos se ven impedidos de acceder a la defensa oficial, ya que este organismo se encuentra también limitado por el colapso de la institución, patentizado en la falta de estructura y recursos humanos suficientes, destacando que desde hace un año el cargo de Defensor Oficial se encuentra vacante.
Por último, se observa con preocupación el surgimiento de tensiones y enfrentamientos entre los actores y operadores del sistema judicial, que son productos de una institucionalidad quebrada y de una organización desquiciada. En este aspecto, los Matriculados observamos con inquietud que frente a las denuncias de mora en el servicio de justicia, algunos jueces responden intentando un disciplinamiento, mediante sanciones en procedimientos que vulneran el derecho de defensa constitucional, intentando de esta forma amedrentar a los abogados al uso de las herramientas procesales vigentes para combatir la mora judicial.
Todo lo expuesto precedentemente acredita de manera indudable que el servicio de justicia se encuentra en una profunda crisis, y tanto los actores directos, como la sociedad toda deben emprender en forma conjunta un camino que nos conduzcan a mejorar la Institución y la institucionalidad del sistema judicial.-
En este afán, los Abogados del Foro, nucleados en el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia, queremos aportar una visión que marque no solo un análisis crítico de la situación, sino que proporcione pautas concretas para la corrección de la crisis. Hay acciones puntuales que el Estado Provincial debe abordar con urgencia y decisión. En este aspecto señalamos como imprescindibles:
a.- La necesidad de incrementar la muy baja asignación presupuestaria que hoy tiene la Función Judicial, lo que nos lleva a ser la Provincia con menores recursos destinados al servicio de justicia en el concierto nacional.
b.- La urgente integración del Tribunal Superior de Justicia, como así también la de distintas Cámara y Juzgados, tanto de la Capital como del Interior de la provincia.
c.- La adecuación y modernización de la infraestructura judicial para solucionar las graves falencias edilicias en las distintas Circunscripciones.
d.- La inmediata implementación del Fuero de Familia, Niñez y Adolescencia, creado por Ley N° 7.863; la que a 11 años de su promulgación aun no ha sido puesto en funcionamiento.
e.- La implementación de una Enmienda Constitucional que adecue la integración del Consejo de la Magistratura, para garantizar la independencia judicial.
Todo lo expuesto tiene que ser necesariamente precedido por una medida gubernamental ineludible: el incremento de la asignación presupuestaria a la Función Judicial, dado que ello constituye el problema central de la crisis del servicio de justicia, actualmente dotado con porcentajes exiguos del presupuesto provincial, que resulta insuficiente frente a la mayor conflictividad que debe resolver la función judicial generada tanto en el crecimiento demográfico como la complejización de la relaciones económicas y sociales.
Los Abogados y Profesionales del Derecho, agrupados en el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja, instamos al Gobierno Provincial a adoptar medidas destinadas a incrementar la asignación presupuestaria a la Función Judicial y la implementación de las diversas acciones que proponemos; en el convencimiento de que no son meras medidas económicas o reclamos sectoriales, sino que -por el contrario- se orientan fundamentalmente a recuperar la Independencia de la Función Judicial como columna primordial e irrenunciable del Estado de Derecho y condición necesaria para su normal funcionamiento. Entender la preocupación profunda que motiva esta proclama, nos permitirá recuperar el servicio de justicia y la institucionalidad perdida; no porque la independencia del sistema judicial otorgue privilegios a sus actores y operadores, sino porque es la condición necesaria para garantizar a los ciudadanos el derecho a dirimir sus conflictos y reclamos con parámetros jurídicos imparciales. De otra manera no se podrá garantizar la paz social y el afianzamiento de la justicia como anhelos que los Argentinos inscribimos con letras de sangre en nuestra Constitución Nacional".
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